Un sistema que forma lo que no necesita y necesita lo que no forma, Autonomía, dogmas y brechas: la trampa de la formación en salud en Uruguay
Profesor Agregado Catedra Cirugía Torácica
MBA Salud
Ex presidente Sindicato Médico del Uruguay
Dr Gerardo Bruno
Profesor Titular Catedra Cirugía Torácica
Es intención de los autores a través de preguntas y afirmaciones abordar desde ángulos distintos una misma tensión central: la distancia entre la autonomía universitaria y la responsabilidad sanitaria del Estado; entre la producción de títulos y la conformación real de equipos de salud; entre la lógica interna de las instituciones formadoras y las necesidades concretas del sistema sanitario. A partir de este conjunto de interrogantes y paradojas, el objetivo de este texto es intentar ordenar la discusión pero no para seguir en el debate eterno sino para mostrar la urgente necesidad de tomar decisiones.
Uruguay atraviesa un momento decisivo para el futuro de su sistema de salud. Coexisten visiones en las que para algunos hay una estructura consolidada en términos de cobertura, financiamiento y normativa y para otros la situación dista mucho de la afirmación antedicha.
Para los autores, más que una estructura consolidada, lo que existe es un entramado extenso pero fragmentado en cobertura, financiamiento y regulación efectiva, que necesita seguir construyéndose. La coexistencia de múltiples subsistemas, reglas de juego heterogéneas, inequidades territoriales y dificultades para coordinar prestadores públicos y privados revela que el modelo aún no logra constituirse en un sistema integrado de salud y cuidados, con fuertes desigualdades entre prestadores y territorios. Este escenario se agrava al sumársele un desequilibrio profundo en la formación de los recursos humanos que lejos de acompañar un proyecto integrado del sistema tiende a reforzar sus asimetrías. Se trata de una distorsión conocida desde hace décadas, pero que rara vez ha sido abordada con la profundidad necesaria: la oferta formativa no se alinea con las necesidades sanitarias reales del país, configurando escenarios de abundancia relativa en algunas profesiones y de escasez severa en otras.
Este fenómeno no obedece a dificultades técnicas, ni a la ausencia de diagnóstico. El país cuenta con información epidemiológica robusta, planes sectoriales aprobados y proyecciones demográficas claras. El problema central radica en la falta de articulación entre ese conocimiento y las decisiones efectivas en materia de formación profesional. Dentro de ese contexto, las principales estructuras académicas vinculadas a la formación en salud —la Facultad de Medicina ,la Facultad de Enfermería y la Escuela Universitaria de Tecnología Médica— han avanzado históricamente bajo lógicas que no dialogan entre sí y que, en ocasiones, responden a principios que no se ajustan a las necesidades actuales del sistema.
Exceso de médicos versus escasez de otros profesionales
La formación médica constituye un ejemplo paradigmático. Uruguay tiene una de las densidades de médicos más altas del continente, situándose entre 4 y 4,4 médicos por cada 1.000 habitantes. La Facultad de Medicina gradúa entre 600 y 700 nuevos profesionales por año, cifra inédita en su historia reciente.
La relación médico/número de habitantes contrasta con la de menos de 2 enfermeros por 1.000 habitantes Esto implica que el país supera ampliamente la recomendación de la OMS en densidad médica mientras queda muy por debajo en personal de enfermería. Los números últimamente relevados muestran que hay más de 19 mil profesionales médicos y cerca de 8000 licenciadas en enfermería. Es decir que hay tres médicos por lic. en enfermería cuando lo recomendado es una relación de al menos 1 a 1. Esta disparidad resulta en un sistema donde sobran médicos pero faltan enfermeros ,sobran médicos y faltan otros profesionales del área de la salud que permitan el trabajo en equipo.
Este volumen de profesionales médicos es resultado de un modelo de ingreso irrestricto que, durante décadas, funcionó como herramienta de democratización del acceso a la educación superior en salud.Ese principio —valioso en su origen y profundamente arraigado en la identidad universitaria del país— permitió romper con estructuras históricas de exclusión. En el análisis de la valoración histórica de este principio no puede dejarse de lado la asociación temporal entre intervención de la UDELAR y examen de ingreso y su posterior eliminación con la reapertura democrática
Sin embargo,con el paso del tiempo los distintos aspectos mencionados se han transformado en un componente que dificulta el análisis crítico. El ingreso irrestricto dejó de revisarse, aunque las condiciones políticas,epidemiológicas, tecnológicas, demográficas y laborales hayan cambiado de manera radical. Así, más de mil estudiantes ingresan anualmente a Medicina en un contexto donde los recursos docentes, las oportunidades de práctica clínica y la capacidad de acompañamiento académico no pueden expandirse al mismo ritmo. El resultado es un proceso de selección tardía expresado en altas tasas de deserción en los primeros años. El acceso sigue siendo formalmente libre, pero la trayectoria se vuelve restrictiva en la práctica.Aún con lo antedicho el número de egresados parece excesivo para nuestra realidad.
Por otra parte hoy en día el exceso de médicos ya no se explica solo por la política de ingreso irrestricto en la Universidad de la República. La instalación de carreras de Medicina en universidades privadas, ha ampliado aún más la oferta de egresados en un mercado ya saturado. Al mismo tiempo, la coexistencia de múltiples circuitos de certificación de médicos introduce una capa adicional de complejidad en la planificación de recursos humanos, multiplica los puntos de entrada y de legitimación de títulos médicos y, en los hechos, amplía el mismo problema que estamos analizando: un crecimiento desordenado de la oferta formativa en Medicina que no corrige, y a veces agrava, los déficits estructurales en otros perfiles del equipo de salud. amplificando la fragmentación del sistema formador y sin que exista todavía una mirada integral que articule a todos pensando en el país
El título de este trabajo no es retórico ni provocador por simple efecto estilístico. Interroga un problema estructural que Uruguay arrastra desde hace décadas: ¿es posible que un país con una de las mayores densidades de médicos de la región siga teniendo déficits graves en enfermería, fisioterapia, rehabilitación y otros perfiles profesionales imprescindibles para garantizar cuidados de calidad? ¿Quién decide cuántos médicos se forman cada año y cuántos licenciados en enfermería, fisioterapeutas o tecnólogos médicos ingresan a sus carreras? ¿Con qué criterios se reparten los cupos entre el sector público y las universidades privadas, y hasta qué punto esas decisiones dialogan con las necesidades sanitarias reales del país y con la planificación de largo plazo de sus recursos humanos en salud?
Por contraste, las carreras donde el sistema de salud presenta déficits más críticos —enfermería, fisioterapia, imagenología, fonoaudiología, laboratorio clínico, terapia ocupacional e instrumentación quirúrgica— se estructuran bajo modelos fuertemente restrictivos. La Escuela Universitaria de Tecnología Médica limita cupos, aplica pruebas de ingreso competitivas y mantiene una capacidad formativa que ha variado poco en el tiempo. En 2025, por ejemplo, la carrera de Fisioterapia registró 517 aspirantes para 186 cupos. Más de 300 postulantes quedaron excluidos de una disciplina donde el país enfrenta una necesidad creciente. En Fonoaudiología, de 172 aspirantes ingresaron solo 92. Situaciones similares se reproducen en otras áreas técnicas esenciales.
El contraste entre ambas realidades —ingreso irrestricto donde la densidad profesional es alta y acceso limitado donde existe escasez estructural— constituye una paradoja difícil de justificar desde una perspectiva sanitaria. Sin embargo, esta dualidad se ha naturalizado al punto de no generar una discusión pública sostenida. Parte de esta naturalización responde a una cultura académica que, por razones históricas comprensibles, ha mostrado reticencia a incorporar el análisis del mercado laboral, la saturación profesional o la planificación prospectiva como elementos válidos dentro de su deliberación interna. Este fenómeno ha limitado la capacidad del país para ajustar de manera dinámica la formación de recursos humanos a sus necesidades reales.
Necesidades sanitarias insatisfechas
La desconexión entre los requerimientos del sistema y la oferta educativa se expresa con particular claridad en los documentos oficiales del propio Estado. El Plan Nacional de Rehabilitación y Actividad Física (MSP, 2025) ofrece datos contundentes: 28% de la población —más de 900.000 personas— requiere procesos de rehabilitación, proporción que supera el 50% en mayores de 80 años. El plan señala la existencia de una “brecha estructural” en servicios de rehabilitación que compromete la capacidad nacional para dar respuesta a enfermedades crónicas, secuelas neurológicas, deterioro funcional asociado al envejecimiento y lesiones traumáticas. Cumplir los objetivos del plan requiere aumentar significativamente la disponibilidad de profesionales fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, licenciados en actividad física y formados en la Escuela de Tecnología Médica. Sin embargo, estas carreras continúan funcionando con cupos estrictos y procesos de ingreso que dejan por fuera a más de la mitad de los aspirantes. La contradicción es evidente: el país reconoce formalmente una necesidad sanitaria prioritaria, mientras el sistema formativo restringe la entrada a quienes podrían cubrirla.
La situación ,como ya vimos no es distinta en el campo de la enfermería. Como vimos Uruguay mantiene una de las peores relaciones médico–Lic en enfermería de la región. Esta insuficiencia crónica genera sobrecargas laborales, afecta la seguridad del paciente y limita la capacidad de respuesta en el primer nivel y en los servicios hospitalarios. Si bien no existe un exámen de ingreso hay una restricción preupuestal donde quien define prioridades es la propia Universidad.Sin un incremento sustantivo en la formación de licenciados en enfermería y otras licenciaturas de la ETM , cualquier intento de modernizar el sistema de salud será necesariamente incompleto.
Llevado nuestro análisis a una mirada más pragmática y empática debería se claro tanto para las autoridades políticas como para la ciudadanía que lo que está en juego no se trata solo de números o planes abstractos, sino de si habrá personal suficiente y adecuado cuando ellos o sus familias necesiten atención y cuidados de calidad. Los cambios en salud y la transición demografica de Latinoamerica y en particular de nuestro país ,nos obligan a afrontar estos temas con responsabilidad política y social
Autonomía universitaria y responsabilidad sanitaria del Estado
Los recursos que administra la Universidad —presupuestales, humanos, edilicios, tecnológicos— no son patrimonios corporativos, sino bienes públicos financiados por la sociedad. Del mismo modo, el Ministerio de Salud Pública gestiona instrumentos normativos, financieros y de planificación que también derivan de un mandato público. Esa condición obliga a que las decisiones sobre cuántos y qué tipo de profesionales se forman estén alineadas con las necesidades sanitarias del país y con una política explícita de recursos humanos en salud, y no solo con inercias históricas o lógicas internas de cada colectivo académico o institucional.
La autonomía universitaria, financiada íntegramente por la sociedad, no puede situarse al margen de las necesidades sanitarias del país; pero tampoco el MSP puede permanecer como un observador distante del proceso formativo, limitándose a reaccionar sobre un mapa de recursos humanos que no contribuye a orientar de manera sistemática. La ausencia de una señal clara y sostenida desde la autoridad sanitaria nacional en materia de perfiles, cupos y prioridades formativas constituye una parte sustantiva del problema.
Estas preguntas remiten, en última instancia, a la responsabilidad pública de quienes forman a quienes nos cuidan y de quienes tienen el deber de conducir el sistema de salud. La Universidad de la República, las universidades privadas y el Ministerio de Salud Pública comparten la administración de recursos y de decisiones que, directa o indirectamente, provienen de la sociedad. Sus definiciones en materia de ingreso, cupos, perfiles profesionales y reconocimiento de títulos tienen consecuencias económicas, laborales y sanitarias concretas; cuando se toman de manera fragmentada, sin una instancia efectiva de coordinación estratégica, contribuyen a consolidar el desajuste entre la oferta formativa y las necesidades reales del país
Hacia un nuevo pacto sanitario–universitario
La realidad actual contrasta con la naturaleza de la medicina contemporánea, que depende de equipos complejos y multidisciplinarios. Ninguna especialidad médica puede desarrollarse plenamente sin la presencia adecuada de enfermería, fisioterapia, imagenología, instrumentación quirúrgica y otros perfiles técnicos. La calidad de la atención, la seguridad del paciente y la eficiencia operativa dependen del equilibrio de ese conjunto. No obstante, la estructura formativa uruguaya continúa operando como si la medicina fuera un ejercicio individual. Incluso los intentos recientes de reformas en el trabajo médico —desde la limitación de cargas horarias hasta la reorganización de cargos y la creación de nuevas modalidades contractuales— en alguna medida se terminaron de elaborar sin una reflexión equivalente acerca de la composición general del equipo de salud. Algunos actores han sido ignorados en la discusión, y otros se han resistido a sentarse en la mesa donde estos temas deberían resolverse. Se intentó reorganizar la forma en que trabajan los médicos, pero no se revisó simultáneamente cuántos médicos son necesarios, ni cuántos enfermeros y técnicos se requieren para sostener ese funcionamiento, ni tampoco si el formato actual de unos y otros se ajusta a las necesidades reales. Muchos de los acuerdos de la reforma del trabajo en el sistema de salud irónicamente han terminado siendo letra muerta.Sucesivos actores en distintos roles de gobierno ejecutivo ,universitario,gremial o empresarial han enlentecido cuando no desmantelado el modelo reorganizacional por diversos motivos. La falta de voluntad política para la discusión de temas como el que analiza nuestro artículo constituye para nosotros uno de los motivos por los cuales no se ha avanzado. Terminó primando el discurso sin contenido y el status quo acabó sobreponiendose al intento de cambio. Ha habido ausencia de liderazgo valiente que tome decisiones con costo político.El resultado es una modernización parcial que no dialoga con la realidad global de los recursos humanos.
Uruguay necesita, por tanto, avanzar hacia un nuevo pacto entre el sector sanitario y el universitario. Un acuerdo que preserve la autonomía académica —pilar esencial de la Universidad de la República— pero que integre de manera efectiva la responsabilidad pública que conlleva la formación de capital humano en salud. La definición de estrategias de ingreso, la revisión de cupos, la ampliación de la capacidad formativa en disciplinas críticas y la evaluación del modelo de ingreso irrestricto en Medicina deben formar parte de una agenda común entre la Universidad, el MSP, las organizaciones gremiales, los prestadores de servicios de salud y la sociedad civil. En concreto, se requieren acciones coordinadas para
Conclusiones
Planificar no significa restringir derechos, sino garantizar un uso responsable de los recursos públicos, asegurar trayectorias educativas viables y ofrecer al sistema de salud un equipo de profesionales equilibrado, bien distribuido y preparado para los desafíos actuales y futuros. En síntesis, la autonomía universitaria no debe situarse reñida con las necesidades sanitarias del país, sino alineada a ellas en el marco de una responsabilidad compartida.
La demografía cambió. La epidemiología cambió. La complejidad tecnológica cambió. El mercado laboral cambió. Lo único que no cambió fue la forma en que definimos cuántos profesionales formamos. Allí radica una de las tensiones centrales del presente: la persistencia de un principio noble convertido en dogma, incapaz de adaptarse a la evidencia.
Uruguay debe preguntarse con honestidad si su modelo formativo sigue siendo compatible con el país que es hoy y con el país que quiere construir. Debe de terminar con los diagnósticos y debates inconclusos para pasar a la toma de decisiones y la acción.No abordar este tema supone sostener por inercia un sistema desequilibrado, sometido a tensiones permanentes y crecientemente incapaz de responder a un entorno sanitario más complejo, más tecnificado y más desafiante.
Revisar tradiciones no debilita a la Universidad ni al sistema de salud: los fortalece. Tomar definiciones sobre quién, cómo, cuánto y para qué formamos a nuestros futuros profesionales de la salud no debilita a la Universidad ni al sistema sanitario uruguayo: por el contrario, lo fortalece. Abrir el camino a la definición de este debate no es una amenaza, sino una oportunidad para construir un modelo de formación profesional que dialogue con la realidad, que responda a las necesidades de la población y que permita contar con equipos de salud capaces de brindar la atención de calidad que Uruguay merece.
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