En setiembre, el presidente argentino Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica que había sido aprobada con amplia mayoría en el Senado. La norma destinaba fondos adicionales, recomposición salarial y un refuerzo del sistema de residencias médicas al Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico de Argentina y referencia regional en la atención infantil.
El veto presidencial basó su justificación en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Según el decreto firmado por todo el gabinete, la ley suponía un gasto extraordinario de más de 115 mil millones de pesos sin financiamiento genuino, con riesgo de generar distorsiones salariales y comprometer partidas presupuestarias. En línea con la política de ajuste del gobierno, la medida fue presentada como imprescindible para preservar la estabilidad de las cuentas públicas, puesto que la ley implica para el oficialismo un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
La respuesta social fue inmediata y trascendió al hospital. Trabajadores y gremios del Garrahan, profesionales de la salud, pacientes y familias, junto a colectivos sociales, expresaron su rechazo, subrayando que la medida afectaba no solo al Garrahan, sino también la garantía de derechos básicos en materia de salud infantil.
El 2 de octubre, tras más de seis horas de debate, el Senado volvió a pronunciarse y revirtió la decisión presidencial. Con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, la Cámara alta insistió en la ley y garantizó su aplicación. La norma establece recomposición salarial, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos esenciales y asegura financiamiento extraordinario para el hospital.
El desenlace representó una derrota significativa para el gobierno, que ya había visto rechazados otros vetos en el mismo período. Desde el retorno de la democracia en 1983, no se registraba un escenario con tantos vetos presidenciales revertidos en tan corto tiempo. La votación mostró que, más allá de diferencias partidarias, la salud infantil logró reunir consensos amplios en el Congreso argentino.
El caso del Garrahan deja planteada una reflexión de fondo: la disciplina fiscal no puede transformarse en un argumento que desplace derechos esenciales. Cuando lo que está en juego es la salud infantil, el debate ya no se reduce a cálculos presupuestarios, sino que interpela a la sociedad en su conjunto sobre cuáles son los límites éticos y políticos de un programa económico.
Fuentes: Página 12 (11/09/2025), La Nación (02/10/2025).
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