En los últimos años, Argentina ha experimentado una caída pronunciada en las tasas de vacunación infantil y adolescente, un fenómeno que revirtió avances que se habían consolidado durante décadas. Coberturas históricamente cercanas al 90 % descendieron a niveles que, en varios casos, no superan el 50 %. Este deterioro no solo reintroduce riesgos epidemiológicos que se creían superados, sino que evidencia una fractura más profunda en las políticas preventivas y en la relación entre ciudadanía e instituciones sanitarias.
Los datos oficiales son contundentes. La cobertura de la vacuna triple viral —fundamental para prevenir sarampión, rubéola y paperas— promediaba alrededor del 90 % entre 2009 y 2019; en 2023 alcanzó apenas 46,7 %. La inmunización contra la poliomielitis se ubica en 47,6 %, y la protección contra difteria, tétanos y tos ferina cae a 46,4 %. En adolescentes, la vacunación contra el VPH alcanza al 55 % de las mujeres y al 51 % de los varones. En las provincias del norte, donde se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla, la cobertura descendió de 60,3 % en 2022 a 30,3 % en 2023.
Si bien las vacunas aplicadas al momento del nacimiento y durante el primer año de vida mantienen niveles superiores al 80 %, las consecuencias del retroceso en etapas posteriores ya son visibles: brotes recientes de sarampión, aumento significativo de casos de coqueluche (tos convulsa) —con cinco fallecimientos registrados— entre otros.
Las sociedades científicas médicas argentinas han señalado como principal causa detrás de este escenario la expansión de discursos antivacunas en la pospandemia, algunos de los cuales alcanzaron espacios institucionales generando así una debilitación de la confianza en las políticas públicas de inmunización. La organización de una jornada en el Congreso titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas covid-19?” es un ejemplo de cómo ciertos mensajes institucionales pueden amplificar dudas en un contexto ya delicado.
Otro aspecto que deriva en la decreciente tasa de vacunación es la reducción del esfuerzo fiscal destinado a los programas de inmunización. Al tratarse de una política de salud colectiva, su funcionamiento depende de un gasto público estable que garantice acceso, logística y continuidad, y dada la gran contracción del gasto público en salud en Argentina, en particular durante el gobierno de Javier Milei, la cobertura de inmunización de la población se resiente de forma casi inmediata: menos puntos de vacunación activos, menor regularidad en las campañas y una llegada territorial más débil.
La convergencia entre desinformación y debilitamiento institucional genera un terreno fértil para la reaparición de enfermedades que se consideraban bajo control. Y, sobre todo, impone la necesidad de revisar qué condiciones permiten que una política preventiva mantenga su legitimidad y su escala en tiempos donde la desinformación y los peligrosos discursos antivacunas se traducen en la instalación de la incertidumbre en la población.
El retroceso en las tasas de vacunación en Argentina abre así una discusión más amplia sobre la sostenibilidad de las políticas de salud pública. No se trata únicamente de recuperar cifras, sino de reconstruir la confianza, la capacidad operativa y el compromiso colectivo que hacen posible que la vacunación actúe como la herramienta de protección que históricamente ha sido. Porque cuando la prevención se resquebraja, los efectos dejan de ser abstractos: se traducen en brotes, en vulnerabilidades evitables y en la pérdida de una de las barreras sanitarias más valiosas de las que dispone la sociedad.
Fuente:
Lorca, J. (2025, noviembre 21). La vacunación entre niños y adolescentes cae en Argentina del 90% al 50% desde 2019. El País.
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