El caso del Hospital de Torrejón, en la Comunidad de Madrid, dejó al descubierto una serie de prácticas que obligan a revisar con atención los incentivos que operan cuando un hospital público es gestionado por una empresa privada cuyo desempeño se mide, en buena parte, por sus resultados económicos. Las revelaciones publicadas por El País muestran con claridad cómo esos incentivos pueden entrar en conflicto con los criterios básicos de atención en salud.
Según ese medio, en grabaciones internas el entonces CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, instruía a sus directivos a elevar listas de espera, descartar procedimientos considerados “no rentables” y revisar actividades con alto costo farmacéutico, con el fin de mejorar el resultado financiero. Ante la magnitud del escándalo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que cualquier mala práctica sería sancionada, aunque defendió el modelo concesional vigente y destacó la labor de los profesionales del hospital.
El País también recogió denuncias sobre la priorización de pacientes “no cápita”: personas que no pertenecen al área de referencia del hospital, pero que generan ingresos adicionales al ser atendidas allí. Esta situación se combina con transferencias extraordinarias de la Comunidad de Madrid —más de 120 millones de euros en los últimos años— para sostener la gestión del centro, además de un rescate reciente por deudas acumuladas.
A ese panorama se sumó información de La Vanguardia, que reveló un punto especialmente sensible: la reutilización de material sanitario de un solo uso. Según publicó el medio, hubo órdenes para esterilizar catéteres —insumos regulados estrictamente por normativa europea— y usarlos hasta diez veces. La advertencia llegó desde profesionales del propio hospital, que señalaron que la práctica podía comprometer la seguridad de los pacientes. Es difícil encontrar una expresión más contundente de cómo la presión por reducir costos puede filtrarse en decisiones clínicas.
RTVE aportó otro elemento relevante: tres directivos fueron despedidos al día siguiente de presentar, a través del canal ético interno, una denuncia alertando sobre prácticas que podían generar desigualdad en la atención. Posteriormente, la Fiscalía de Madrid recibió una denuncia que menciona posibles delitos contra la salud pública y decisiones irregulares tomadas desde la gestión, junto con dudas sobre si la administración ejerció correctamente su rol de control sobre la concesionaria.
Todo esto sucede dentro de un modelo de gestión que combina financiación pública con administración privada: la empresa recibe un pago anual por la población asignada y un ingreso adicional por cada paciente externo atendido. Ese diseño introduce incentivos que, en determinadas condiciones, pueden derivar en selección de actividades rentables, selección de riesgo y en estrategias de contención de costos que presionan la práctica asistencial.
El caso Torrejón expone, con bastante claridad, cómo pueden materializarse esos incentivos: tensiones entre objetivos financieros y criterios clínicos, mecanismos de control institucional que no siempre actúan en tiempo y forma, riesgos para la seguridad asistencial y canales de denuncia que se vuelven vulnerables cuando quienes alertan no cuentan con protección efectiva. La auditoría interna anunciada por Ribera Salud y el apartamiento temporario del CEO son medidas necesarias, pero insuficientes para abordar las preguntas estructurales que este episodio deja planteadas.
Más allá del impacto político del episodio, lo que aparece es una discusión de fondo: en modelos donde conviven intereses públicos y privados, ¿qué salvaguardas deben existir para que la salud de las personas no quede subordinada a la rentabilidad? ¿Qué tipo de controles y transparencia se necesitan para que la gestión privada de un servicio público no derive en prácticas incompatibles con los principios básicos de la atención sanitaria?
El episodio de Torrejón no se agota en un conflicto puntual. Es una oportunidad para reflexionar sobre los marcos institucionales necesarios para que la búsqueda de eficiencia nunca termine desplazando aquello que un sistema de salud debería garantizar por definición.
Fuentes: El País La Vanguardia RTVE
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