La decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar judicialmente contra padres que incumplen el calendario obligatorio de vacunación no surge en el vacío. Por el contrario, se inscribe en un contexto nacional cada vez más preocupante (marcado por fuertes restricciones fiscales, debilitamiento del primer nivel de atención y menor presencia territorial del Estado): la sostenida caída de las coberturas vacunales en la Argentina y la reaparición de enfermedades que habían sido controladas o incluso eliminadas gracias a décadas de políticas públicas de inmunización.
Los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación confirman que, si bien en 2024 se registraron leves mejoras respecto del año previo, las coberturas continúan lejos de los niveles óptimos. El problema se vuelve especialmente crítico en los refuerzos del ingreso escolar y en la adolescencia, donde se observan verdaderos derrumbes. La cobertura del refuerzo de la Triple Viral a los 5 o 6 años cayó a menos del 50%, y algo similar ocurre con los refuerzos contra la poliomielitis. En adolescentes, la vacunación contra la tos convulsa y el virus del papiloma humano (VPH) muestra descensos de más de 30 puntos porcentuales respecto de la prepandemia.
Este escenario de “fragilidad inmunológica colectiva”, como lo define la Sociedad Argentina de Pediatría, tiene consecuencias concretas. En lo que va de 2025, los casos de tos convulsa se multiplicaron y superan ampliamente los registros de los últimos años, con brotes activos en distintas regiones del país. La reemergencia de enfermedades prevenibles vuelve a poner en primer plano una discusión que parecía saldada: la vacunación como bien público y responsabilidad colectiva.
En este contexto, la experiencia de Mendoza adquiere especial relevancia. Frente a la caída de las coberturas y la resistencia de un grupo de familias a vacunar a sus hijos, la provincia decidió recurrir a la vía judicial, amparándose en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y la primacía de la salud pública sobre los intereses individuales. La respuesta fue inmediata: tras las primeras denuncias, La Gaceta declara que más de 70 familias se presentaron voluntariamente en los vacunatorios para regularizar la situación, y varios de los casos denunciados ya completaron el esquema correspondiente. Esta medida no se plantea como una estrategia punitiva, sino que las autoridades mendocinas destacan su carácter preventivo. Las denuncias se tramitan en lo civil y contemplan instancias de información y concientización, donde equipos de salud explican los riesgos individuales y colectivos asociados a la falta de inmunización. Así, el objetivo es garantizar el derecho de los niños y niñas a la salud y evitar brotes que comprometan al conjunto de la población.
La discusión, sin embargo, excede a los llamados “movimientos antivacunas”. Distintos actores del sistema sanitario coinciden en que la caída de la vacunación es un fenómeno multicausal. A la mayor visibilidad de discursos antivacunas —potenciados por las redes sociales— se suman factores estructurales: el deterioro del sistema de salud tras sucesivas crisis, la pérdida de recursos humanos, la reducción de estrategias territoriales activas, barreras de acceso que afectan especialmente a los sectores más vulnerables y, de manera decisiva, el impacto social y emocional de la pandemia, que parece ser un punto de inflexión. Así, las vacunas se han vuelto, paradójicamente, víctimas de su propio éxito: generaciones que no vieron circular enfermedades graves tienden a subestimar su riesgo, mientras se debilita la percepción del valor de la protección colectiva.
Desde una perspectiva más amplia, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud advierten que, aunque América muestra signos de recuperación en las coberturas, el ritmo es lento y las brechas persisten. La pérdida del estatus de región libre de sarampión endémico y la aparición de nuevos brotes funcionan como señales de alerta.
El caso de Mendoza, entonces, no solo refleja una estrategia provincial particular, sino que actúa como un espejo de una problemática más profunda. Reabre el debate sobre hasta dónde debe llegar el Estado para garantizar políticas sanitarias esenciales y qué combinación de herramientas —educación, acceso, comunicación y regulación— resulta más efectiva en un contexto de creciente individualización de las decisiones. En tiempos de reemergencia de enfermedades prevenibles, la discusión ya no es solo sanitaria, sino también social y política: cómo sostener, en la práctica, una responsabilidad que necesariamente es colectiva.
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