El sistema de salud ecuatoriano atraviesa una crisis estructural que se refleja no solo en indicadores oficiales, sino también en situaciones alarmantes registradas en distintos puntos del país; en el Hospital General de Macas (provincia de Morona Santiago), una mujer de la comunidad indígena achuar recibió el cuerpo sin vida de su hija de un mes dentro de una caja de cartón sellada con cinta. Según Prensa Latina, este hecho se vincula a carencias materiales del establecimiento y sobre todo a la ausencia de protocolos adecuados para este tipo de situaciones.
Asimismo, el sistema enfrenta problemas de abastecimiento, restricciones presupuestarias y debilidades de gestión, por lo que desde distintos sectores se señaló que este episodio no puede analizarse de forma aislada. En hospitales públicos de Guayaquil, por ejemplo, se han vuelto frecuentes las situaciones en las que familiares de pacientes deben adquirir medicamentos, insumos descartables o elementos básicos para la atención por su propia cuenta. De acuerdo con testimonios recogidos por El País, esta práctica responde a la imposibilidad de los centros de salud de cubrir necesidades mínimas en un contexto de desabastecimiento persistente, confirmado por las cifras oficiales; según el Ministerio de Salud Pública, el nivel promedio de abastecimiento hospitalario a nivel nacional ronda el 61%, aunque con marcadas disparidades entre instituciones. En algunos hospitales de Guayaquil, como el del Guasmo y el de Monte Sinaí, los niveles de provisión se ubican muy por debajo de ese promedio, lo que condiciona la continuidad de los servicios y obliga a trasladar costos al entorno familiar de los pacientes.
Las consecuencias de estas restricciones se profundizan aún más en la atención de patologías crónicas. En el caso de la insuficiencia renal, el sistema público no cuenta con capacidad suficiente para cubrir la totalidad de la demanda, lo que obliga a derivar pacientes a clínicas privadas que operan como prestadores externos del Estado. Sin embargo, las deudas acumuladas con estos centros han provocado interrupciones en los tratamientos. Según declaraciones recogidas por El País, representantes de asociaciones de pacientes estiman que solo en Guayaquil al menos 300 personas fallecieron en el último año por no recibir diálisis de manera regular.
El trasfondo financiero aparece como un factor central para comprender esta situación; en 2024 se redujo la asignación prespuestal inicial, y hacia finales de noviembre, solo se había ejecutado el 45% de los recursos asignados, en parte porque los fondos no se transfieren efectivamente a la institución pese a figurar en el presupuesto aprobado.
Desde el Gobierno se ha reconocido la existencia de problemas estructurales. Tras la consulta popular de noviembre, el presidente Daniel Noboa dispuso que la vicepresidenta María José Pinto asumiera la conducción del Ministerio de Salud Pública. En una entrevista concedida a Primicias y a la agencia EFE, Pinto afirmó que el sector arrastra dificultades históricas de gestión y fragmentación administrativa y sostuvo que “uno de los sectores más corruptos es el de la salud”, aunque aclaró que existen equipos técnicos comprometidos dentro del sistema. En la misma entrevista, proyectó que la normalización del abastecimiento de medicamentos no se alcanzaría antes del primer trimestre de 2026.
En paralelo, el Ejecutivo prorrogó la declaratoria de emergencia sanitaria para agilizar la compra de insumos y anunció la realización de auditorías internas. A estas dificultades se suma la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), que mantiene una deuda superior a los 1.300 millones de dólares con prestadores externos. Según Prensa Latina, esta situación derivó en la suspensión de servicios, protestas en Quito y Guayaquil y una mayor presión sobre la red pública de atención.
Diversas organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), advirtieron que los efectos de esta crisis no se distribuyen de manera uniforme. En zonas rurales, amazónicas y en comunidades indígenas, la menor disponibilidad de infraestructura sanitaria y la distancia a centros de mayor complejidad reducen las alternativas de atención y amplifican el impacto de las fallas del sistema, lo que deja en evidencia que las limitaciones del sistema de salud ecuatoriano se manifiestan con mayor intensidad en los territorios donde la capacidad de respuesta es más acotada.
El caso ecuatoriano ofrece elementos para reflexionar sobre cómo los tiempos de la política sanitaria interactúan con realidades territoriales heterogéneas. Las decisiones estructurales avanzan a un ritmo distinto al de la atención diaria, y esa distancia se vuelve más visible allí donde las capacidades institucionales son más limitadas
Fuentes:
El País (España),
Primicias: Redacción Primicias / EFE (Ecuador) (https://www.primicias.ec/sociedad/corrupcion-ministerio-salud-vicepresidenta-ecuador-maria-jose-pinto-crisis-hospitales-medicamentos-112562/)
Prensa Latina (Cuba).
Artículo sobre la capacitación profesional en el sector salud p ... Leer más
Artículo sobre el modelo de tasas moderadoras en el sistema de salud d ... Leer más
Artículo sobre el modelo de tasas moderadoras en el sistema de salud d ... Leer más
