Las reformas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), aprobadas en 2024 por la Asamblea Mundial de la Salud, fueron concebidas como una respuesta a las debilidades expuestas durante la pandemia de covid-19. Este instrumento, vigente desde 1969 y revisado en 2005 tras la crisis del SARS, establece un marco para la detección y respuesta a emergencias sanitarias que trascienden fronteras, con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un rol coordinador.
Los cambios recientemente adoptados incluyen la creación de una nueva categoría de “emergencia sanitaria inmediata”, sistemas más ágiles de comunicación con la OMS, mayores exigencias en transparencia de datos y mecanismos de cooperación obligatoria para la distribución de insumos críticos. Se trata, en síntesis, de un esfuerzo por dotar al sistema internacional de una arquitectura más preventiva, vinculante y equitativa.
En julio, sin embargo, Estados Unidos notificó oficialmente su rechazo a estas enmiendas. El argumento central de su gobierno sostiene que los compromisos asumidos podrían limitar la capacidad del país para tomar decisiones soberanas en materia de salud pública y seguridad nacional. Esta posición ha sido interpretada de manera ambivalente: para algunos, representa una defensa legítima de la autonomía estatal; para otros, constituye un retroceso con potencial de debilitar la gobernanza sanitaria global.
El debate pone en evidencia una tensión difícil de resolver. Por un lado, la soberanía es un principio fundamental en las relaciones internacionales y en la legitimidad política de los Estados. Por otro, la experiencia reciente mostró que la cooperación insuficiente y la competencia por recursos esenciales retrasaron la respuesta mundial y agravaron las desigualdades. La salud, como bien público global, difícilmente pueda ser garantizada sin marcos comunes que aseguren confianza, previsibilidad y coordinación.
El rechazo estadounidense no es un gesto meramente simbólico. Como principal financiador individual de la OMS, su decisión puede desalentar a otros países y erosionar la legitimidad política de las reformas. Al mismo tiempo, el desacuerdo entre grandes potencias puede reavivar el riesgo de fragmentación en un terreno donde la demora o la descoordinación tienen costos humanos, sociales y económicos considerables.
Queda entonces abierta una pregunta que trasciende lo coyuntural: ¿es posible conciliar la defensa irrestricta de la soberanía con la construcción de un sistema internacional capaz de garantizar seguridad sanitaria para todos? O, en última instancia, ¿debemos aceptar que la salud pública global exige poner el interés colectivo por delante de las decisiones individuales de cada Estado? La respuesta sigue pendiente, pero lo que sí parece evidente es que la próxima crisis sanitaria volverá a confrontarnos con esta elección.
Fuente: Rubial Bernárdez, F. (2024). Salud global y soberanía nacional: ¿conflicto inevitable?. El País.
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